El Reglamento de la Ley 19.886 publicado el 12 de diciembre establece cómo se implementan las modificaciones a la normativa y detalla, entre otros temas, las causales de los tratos directos; la Declaración de Patrimonio e Intereses de funcionarios y las inhabilidades para ser parte del Registro de Proveedores.
El Reglamento de Compras Públicas regula los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios de los organismos del Estado en Chile. Su objetivo es garantizar transparencia, eficiencia, probidad y participación equitativa en los procesos de compra pública.
Principales cambios y objetivos:
- Probidad y transparencia: Se refuerzan mecanismos de control, se exige declaración de intereses y patrimonio, y se crea un canal de denuncias reservadas.
- Eficiencia e innovación: Se introducen nuevos mecanismos de compra como el diálogo competitivo y se adaptan los procedimientos a la naturaleza del bien o servicio requerido.
- Economía circular: Se promueve la reutilización de bienes entre entidades públicas antes de nuevas adquisiciones.
- Inclusión de PYMEs: Se fomenta activamente la participación de empresas de menor tamaño, cooperativas y mujeres emprendedoras en los procesos de contratación.
- Fortalecimiento institucional: La Dirección de Compras (ChileCompra) adquiere mayores facultades para dictar instrucciones obligatorias y gestionar la plataforma de compras públicas.
Ámbito de aplicación:
Aplica a la mayoría de los órganos de la Administración del Estado, incluidas corporaciones y fundaciones que reciben financiamiento público significativo. Algunas entidades, como el Banco Central o empresas públicas, pueden adherirse voluntariamente.
Herramientas clave:
Catálogo de Convenios Marco y Consulta de economía circular: Consultas obligatorias antes de iniciar compras.
Sistema de Información de Compras Públicas: Plataforma electrónica obligatoria para gestionar procesos de contratación.
Plan Anual de Compras: Instrumento obligatorio de planificación y transparencia.
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