El Senado de Chile aprueba un nuevo proyecto de ley para fortalecer la transparencia y fiscalización en las municipalidades, buscando mejorar la confianza ciudadana en la gestión pública.
En enero de 2024, el Senado de Chile aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca fortalecer la transparencia, la fiscalización y la probidad en las municipalidades. Esta normativa, parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, permitirá que la Contraloría General de la República supervise no solo la gestión municipal, sino también las corporaciones y fundaciones que reciban fondos públicos.
Entre las principales medidas incluidas en el proyecto, se establece la creación de un Plan de Integridad Municipal y la designación de un responsable para llevarlo a cabo. Este plan incluirá auditorías externas y un análisis exhaustivo de las unidades de control de cada municipio. La senadora Carmen Gloria Aravena enfatizó la necesidad de modernizar la legislación para permitir un mayor control por parte de la Contraloría, destacando que «el Estado tiene que modernizar su legislación, generar mayor control, y más normativas que permitan a la Contraloría también hacer lo suyo».
La propuesta se presenta en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, especialmente en las municipalidades, que han sido protagonistas de escándalos de corrupción en los últimos años. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, mencionó que «los municipios han sido el mal ejemplo» y subrayó la urgencia de contar con un marco legal robusto que combata la corrupción.
El proyecto «Municipios Transparentes» también contempla la elaboración de un Plan Municipal de Prevención de la Corrupción y establece restricciones para que los funcionarios municipales no puedan ser propietarios de empresas con contratos vigentes significativos con la municipalidad. Además, se amplían las obligaciones de rendición de cuentas para corporaciones y fundaciones, fomentando una mayor participación ciudadana en la supervisión de las actividades municipales.
En conclusión, esta nueva ley representa un paso significativo hacia la mejora de la gestión pública en Chile, enfocándose en la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, con el objetivo de restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Para más detalles sobre esta ley y su impacto, puedes consultar La Razón y CNN Chile.